Democratización de la información y la opinión pública.

Por: Rodrigo Hernández Rodríguez.

Los ciudadanos tienen el derecho constitucional de recibir información plural, pronta, veraz y oportuna de las autoridades y de los entes privados que tienen incidencia en su vida cotidiana. Igualmente, tienen derecho a generar su propia opinión luego de escuchar, analizar y evaluar varias fuentes de información. Sin embargo, en gran parte del territorio no existe equilibrio informativo. Los grandes medios de comunicación, los que se denominan los medios tradicionales, los que pertenecen a los grandes grupos económicos son los que generan y transmiten la información, son los que dictan las narrativas y forjan la opinión. La agenda noticiosa e informativa regional sucumbe ante el oligopolio capitalista. 


Según estima el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el país existe 756 emisoras comunitarias, que no tienen cobertura en la totalidad de los municipios del territorio nacional. Muchas de las emisoras comunitarias asignadas ya no funcionan por problemas económicos, administrativos o de orden público. Actualmente no se conoce a ciencia cierta cuantas emisoras se encuentran en esta situación. Lo que atenta contra la pluralidad informativa en los residentes de pequeños municipios y las área rurales. 

Este diagnóstico se ve ensombrecido por la realización de la política del gobierno de Iván Duque. En la convocatoria de las emisoras comunitarias del 2019, en la que se ofertaron 570 canales, tan solo se adjudicó 180. Para las emisoras étnicas se ofertaron 252 canales y solo se viabilizaron 15. Por su parte la convocatoria de emisoras comerciales se hundió, al igual que el plan de ayudas para la modernización del sector de medios de comunicación.

Las emisoras comunitarias son un gran vehículo para llevar a las provincias a la prosperidad sostenida.  Mediante sus ondas hertzianas se puede promocionar el cuidado de ríos y páramos, la producción agrícola que garantice la seguridad alimentaria, el turismo local y los nuevos emprendimientos agroindustriales. Además las emisoras pueden sugestionar entre sus oyentes las ideas de igualdad, equidad, tolerancia, el respeto por el prójimo, en suma la idea de la democracia deliberativa y participativa. A través de ellas se puede implementar los acuerdos de paz y el dialogo local para tejer el acuerdo nacional. Son ellas las que dan a conocer los programas y proyectos del gobierno nacional y de las administraciones departamentales y municipales. Son ellas las que pueden labran y sembrar en las conciencias de los y las campesinas la cultura de la paz y la reconciliación. 

Propuesta: 
Aportes para la consolidación de una política para el fortalecimiento de la opinión pública, la pluralidad informativa y del derecho de la información pronta, veraz y oportuna en la población rural y urbana en los territorios Colombianos. 

Objetivos:
1. Promover el equilibrio informativo nacional y regional. La población tiene el derecho constitucional de recibir información plural, pronta, veraz y oportuna de las autoridades y de los entes privados que tienen incidencia en su vida cotidiana. Igualmente tiene derecho a generar su propia opinión luego de escuchar, analizar y evaluar varias fuentes de información que le permitan tomar participación activa en la vida cultural, económica, social y política de la nación.  
2. Contrarrestar la clandestinidad de emisoras que no están constituidas formalmente ante cámara y comercio y por lo tanto no pagan impuestos,  no reconocen derechos de autor e interprete, no pagan los derechos por el uso del espectro y el Ministerio no tienen control sobre su programación. 

Acciones tendientes a implementar cada uno de los objetivos generales:

1. Acciones para promover el equilibrio informativo nacional y regional.  Para garantizar a la población de los territorios el ejercicio efectivo de su derecho constitucional a la Información plural, veraz y oportuna, a libre expresión de pensamiento y opinión, a la educación, a la preservación de la diversidad étnica y cultural de la nación, el gobierno nacional deberá abrir de forma periódica por provincias, regiones, departamentos o cuando el requerimiento de la comunidad lo demande, convocatorias a emisoras y televisión comunitarias. Al igual que deberá abrir la convocatoria de emisoras comerciales clase C con mecanismos que garanticen la participación de inversionistas locales.  Además deberá garantizar la recepción de los canales nacionales institucionales, tanto de televisión y radio en los territorios que aún adolecen de este servicio.

Para lograr la operación, presencia y sostenibilidad de un número plural de medios de comunicación en los territorios (municipios y centro poblados) las convocatorias deberán ser ampliamente publicitadas y promocionadas por los distintos canales institucionales.
Para garantizar la sostenibilidad económica de las nuevas emisoras y su aprobación social en el área de servicio que operen, un número plural de comunidades organizadas podrá solicitar la adjudicación de una emisora comunitaria en un determinado municipio, provincia o región.  

2. Acciones para contrarrestar la clandestinidad de emisoras: la operación de emisoras clandestinas degrada el Estado Social y de Derecho. Sin embargo las acciones represivas de decomiso, sanciones administrativas y penales no han logrado apalear el fenómeno. Se propone realizar convocatorias periódicas donde las comunidades junto con las autoridades locales y departamentales verifiquen una deficiencia en la oferta informativa y soliciten la apertura de una convocatoria. Formalizar el gran número de emisoras que hoy funcionan sin licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones permite alcanzar la equidad social para los artistas, compositores e intérpretes a quienes se les reconocerían sus derechos;   se garantizaría el buen uso del espectro radioeléctrico (bien de la nación, imprescriptible e inajenable); y se evitará las prácticas monopolísticas en los medios de comunicación.